La Fiscalía General de la República (México) ha solicitado órdenes de aprehensión contra miembros de la comunidad académica que han tenido puestos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y/o en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Se les acusa de haber desviado dinero público desde el Conacyt hacia una Asociación Civil privada como parte de una conspiración criminal para hacer uso indebido del mismo. Esto es un despropósito insólito; el Conacyt sí ha entregado dinero al FCCyT, pero en el marco de la legislación vigente, que especificaba que el Conacyt financiaría una asociación civil que fungiría como consultora de su Junta de Gobierno.

La solicitud de orden de aprehensión puede leerse aquí.

El contexto de esta orden incluye un conflicto legal, pues el Conacyt se halla en desacato, no habiendo transferido el dinero a que la ley obligaba y un juez ya dictó sentencia al respecto. Por otro lado, el fiscal ingresó recientemente al SNI con el nivel III siguiendo un procedimiento especial, con una comisión ad hoc, después de haber sido rechazado en años anteriores de acuerdo a los procedimientos usuales. Se le acusó entonces de haber plagiado parte de su obra. Finalmente, el presidente de la república ha expresado repetídamente su desprecio hacia la comunidad científica, usando múltiples calificativos despectivos, por considerarla abusiva y privilegiada, además de inútil.

Recién vi un punto de acuerdo en el senado para citar a comparecer a la directora del Conacyt, Ma. Elena Álvarez Buylla.